Una causa en Melincué sobre casinos ilegales deja a Peiti al borde de ir a la cárcel.

El fiscal Matías Merlo cerró la investigación donde lo acusa de manejar salas ilícitas de juego en siete localidades. El mínimo de pena prevista es cinco años.

Leonardo Peiti fue acusado de controlar casas de juego en siete localidades de la provincia Viernes 11 de Diciembre de 2020 Al empresario de juego Leonardo Peiti se le aproxima el escenario más complicado de todos los frentes judiciales que tiene abiertos. El fiscal de Melincué Matías Merlo acaba de elevar a la Oficina de Gestión de esa jurisdicción la investigación cerrada en la que lo acusa de ser organizador de emprendimientos de casinos clandestinos en siete localidades de toda la provincia de Santa Fe. La figura que le imputó es la de comandar una asociación ilícita que explota el juego ilegal. El mínimo de la escala penal para ese delito es cinco años que pueden trepar hasta un máximo de diez. Lo que significa que de ser aceptada la acusación en el juicio venidero el destino de Peiti es ir preso.

Tal cosa parece más que probable porque en la misma causa hay cuatro personas que ya aceptaron condenas, por otros roles en el mismo delito, en juicios abreviados. El testimonio de Peiti fue fundamental para que el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad terminaran destituidos y presos por cobrar coimas para proteger la actividad ilegal del empresario. En esta causa Peiti no está detenido porque la figura que le atribuyeron en Rosario, si se lo considera imputado arrepentido, implicaría una pena en suspenso, algo no exento de polémica.

Pero con la causa de Melincué la escena se redibuja dramáticamente para Peiti quien, en caso de ser condenado, terminará en un calabozo. Lo que puede vislumbrar que, acorralado de esta forma, ofrezca más detalles de un negocio que tiene una trama cuyo alcance aún no se conoce del todo.

El viernes pasado el fiscal Ponce Asahad fue el primero en decir que la madeja del juego, que hizo caer a policías, a personas dedicadas al juego y a dos fiscales, tiene también una pata política. Lo que hizo fue implicar en esa pata al senador provincial Armando Traferri que hoy está convocado a audiencia imputativa por ese motivo. Dijo que en la relación de la Fiscalía de Rosario con el juego ilícito con Peiti participó activamente como armador el senador sanlorencino. Sostuvo que el juego en la circunscripción regional tiene tres patas: Peiti, Serjal y Traferri.

Precisamente por eso Traferri está citado a audiencia imputativa hoy a las 9 a la que anticipó que asistirá. Sus fueros de legislador le garantizan inmunidad de proceso por lo que su comparecencia es exclusivamente voluntaria. Si los fiscales que lo esperan consideran que debe responder judicialmente estarán obligados a pedir su desafuero. Peiti en Melincué La causa en Melincué que complica a Peiti fue iniciada por el fiscal Merlo a instancias de una denuncia del jefe comunal de Hughes, José Lus Leghina, sobre el funcionamiento de un casino clandestino con máquinas en una especie de locutorio en la localidad. La investigación comenzó con el allanamiento al local donde fueron detenidas la dueña y dos empleadas. Con los tres teléfonos secuestrados a las mujeres se descubrieron mensajes de whatsapp en donde ellas hacían reportes diarios de las ganancias al usuario de un celular con característica de Rosario. Esa línea fue intervenida y se supo que pertenecia a un tal Néstor. Esa persona según la pesquisa de Merlo era un gerente que recibía rendiciones diarias de salas de juego ilegales de al menos siete localidades de la provincia entre ellas Reconquista, Vera, Venado Tuerto, Casilda, Hughes y Wheelwright. El trámite puso al desnudo que en las localidades más importantes había otras personas que administraban las salas de juego pero todas hacían rendiciones de las liquidaciones diarias a la misma línea de Néstor que a la vez recibía llamados y mensajes constantes de quien a todas luces era quien controlaba el negocio. Al avanzar sobre la titularidad de esa línea se supo que su usuario era Leo Peiti. Néstor era en definitiva el punto de contacto, según el legajo del fiscal Merlo, entre las salas de juego y Peiti. Ahora el fiscal Merlo elevó a la Oficina de Gestión Judicial de Melincué la investigación terminada en la que imputa a Peiti como jefe de una asociación ilícita en conexión con ocho hechos de infracción al artículo 301 que penaliza cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. Las imputadas son siete personas en total, en un caso implicadas en Reconquista y Vera, en el norte provincial. También está imputado el gerente de nombre Néstor.

La pesquisa terminada aguarda ahora la audiencia preliminar de juicio y redefinirá la situación de Peiti en cuanto a su estado de libertad. A eso se suma que la semana próxima en Rosario los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra deberán reimputar al ex fiscal regional Serjal y al propio Peiti en la misma audiencia. En esa ocasión podría haber pedidos de prisión preventiva del empresario que hasta ahora formuló acusaciones hacia sus socios en el negocio del juego pero eludiendo las rejas.

En la causa de Rosario en la que también están implicados Ponce Asahad y Serjal ya fue condenado en septiembre pasado el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi, quien aceptó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión condicional como miembro de la asociación ilícita. A Torrisi lo detuvieron el 20 de julio pasado en la puerta de un garito de apuestas de Villa Gobernador Gálvez con 80 mil pesos en un sobre. En el local de Comandante Espora al 200 donde le dieron el dinero se incautaron otros 58.830 pesos.

Leonardo Peiti declaró que pagaba una mensualidad de 4 mil dólares al fiscal Gustavo Ponce Asahad, bajo órdenes de Serjal, a cambio de inmunidad en causas penales. Ponce Asahad declaró que se reunía con el senador Traferri de manera habitual porque el legislador era parte del negocio. Traferri acepta que se reunió con el fiscal pero por motivos propios de las funciones de ambos. Y considera una infamia y una injuria las imputaciones, las que adjudica a un complot político entre el ministro de Seguridad Marcelo Sain, la conducción del Ministerio Público de la Acusación y los fiscales actuantes que lo esperan hoy.