"Contrato sicarios para tirar tiros a jueces"

Así definió su oficio "Guille" Cantero al empezar el juicio en el que le imputan, junto a otras seis personas, una saga de ataques a objetivos judiciales en 2018.

El tribunal a cargo del juicio integrado por Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

04:00 hs - Sábado 21 de Agosto de 2021 Bastaron cinco minutos y ocho palabras cargadas de sarcasmo para que el nuevo juicio al jefe de Los Monos se revistiera de un sentido inesperado. “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces judiciales”, sorprendió Ariel “Guille” Cantero apenas iniciada la audiencia en la que se juzgan catorce atentados a edificios judiciales cometidos en 2018. Cuando la presidenta del tribunal le preguntó por su oficio, el condenado como líder del clan nacido en barrio Las Flores dijo desempeñar “varios”. Y a continuación soltó esa frase, tan desafiante como potente en su brevedad, que dejó una marca de fuego en el debate en el cual hay otros seis acusados de actuar bajo sus órdenes.

El trámite, que arrancó pasadas las 9 en un Centro de Justicia Penal cercado por retenes policiales en las cuatro esquinas, fue precedido por un nuevo ataque a balazos que 36 horas antes hizo estallar vidrios de la fachada del edificio sobre calle Sarmiento. En una suerte de mensaje con plomo, dos jóvenes desde una moto produjeron un hecho idéntico a los que empezaron a juzgarse. Cuando aún no habían reemplazado los cristales, una ofensiva siguió a la otra y el protagonista principal del caso salió a mofarse del proceso. Como tragedia o comedia, la historia parece repetirse.

Así, mientras una sala colmada de periodistas que seguía el juicio por pantalla asimilaba la frase de Guille, cuatro fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pedían penas que van desde los 13 a los 24 años de prisión para los siete acusados conectados por videoconferencia. Guille desde la cárcel federal de Marcos Paz, otros cinco desde la unidad penitenciaria de Piñero y la única mujer del grupo desde la Unidad 5 con su pequeña hija en brazos. Les endilgan delitos de una gravedad inédita en el país, que tienen a jueces y funcionarios entre sus víctimas.

“Las palabras de Cantero van a cobrar peso en relación a la prueba”, sopesó el fiscal Miguel Moreno, uno de los acusadores junto a Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Avila. “Lo hace habitualmente. Desde la cárcel hace años que se burla del sistema penal, es a lo que nos tiene acostumbrados. Hemos oído este tipo de declaraciones con anterioridad”, consideró. “Es algo que dijo voluntariamente, tiene un impacto en nuestra teoría del caso y en algún momento vamos a explotarlo. Independientemente de lo que haya dicho, acá hablan las pruebas”, sumó Edery.

La manifestación de Guille abrió un abanico de interpretaciones. El peso de su declaración _un derecho que le cabe como imputado_ no parece calibrarse en la clásica cuestión probatoria: más que a confesión, sonó a provocación. Cantero se mantuvo silencioso y distante en el primer juicio oral a Los Monos de 2017 y 2018, cuando la voz cantante la llevaba su hermano de crianza Ramón “Monchi” Machuca. Pero esta vez hizo estallar las formas de entrada. Entre uno y otro juicio oral, la criminalidad también cambió: con una escalada de violencia densa e imparable, el escenario es otro.

Una interpretación que arriesgaban operadores judiciales es que Guille haya pretendido concentrar la responsabilidad por los ataques en su figura de mando, para así aligerar las cargas sobre los acusados de actuar a sus órdenes. Ese fue, de hecho, uno de los planteos defensivos: que los subalternos no pudieron desobedecer sus mandatos por temor.

Otra línea de análisis tiene que ver con la subjetividad del líder. Un individuo preso desde hace ocho años y condenado a penas que, sumadas matemáticamente, arrojan la friolera de 62 años a la sombra por lo que parece no tener nada que perder. Y así como los atentados a tiros buscan desestabilizar el orden público, ciertas palabras en determinados contextos pueden reforzar el efecto de las balas. El fiscal Moreno se remontó a la Rosario de hace diez años para facilitar la comprensión de los hechos en juicio. En el primer hito de una cronología que expuso ante los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, abrió su alegato expresando que “el 8 de septiembre de 2012 comenzaba a tomar estado público una trama hasta entonces oculta para la sociedad”. Ese día, cuando frenaba su cupé BMW frente al semáforo de Entre Ríos y 27 de Febrero, Martín “Fantasma” Paz era asesinado en un ataque sicario. Un hecho que modificó para siempre el tablero del delito en la ciudad.

Paz era allegado al clan de barrio Las Flores. Su hermana por entonces era pareja del jefe del clan: Claudio “Pájaro” Cantero. “La pesquisa comenzaba a dejar al descubierto la gestión de una organización criminal dedicada al narcotráfico y a disputas de territorio”, dijo el fiscal, quien hizo referencia a una “traición” cometida por el Fantasma Paz contra la banda nacida en la zona sur. Apenas escuchó la palabra traición Guille Cantero levantó la mano en Marcos Paz y quiso hablar. Su abogado vio el gesto en la pantalla y transmitió el pedido al tribunal. Fue la primera de tres interrupciones de Guille al alegato fiscal. En ninguna de esas ocasiones le dieron la palabra.

Ocho meses después del crimen del Fantasma ocurría, en mayo de 2013, el asesinato del Pájaro frente a un boliche de Villa Gobernador Gálvez. La muerte del entonces jefe de Los Monos decantó una insaciable saga de venganzas. Casi a la par se iniciaban las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Juan Carlos Vienna ese año, cuando comenzó a caer la banda. Once personas fueron condenadas en un juicio abreviado y otras 19 en un extenso juicio oral finalizado en abril de 2018. Guille recibió entonces 22 años de condena.

Tras la sentencia se conjugaron tres factores que Moreno destacó en la línea histórica: la apelación de ese fallo ante la Cámara Penal; la condena al grupo en la causa federal denominada Los Patrones; y el traslado de Guille a la cárcel federal de Resistencia el 25 de mayo de ese año. Cuatro días después comenzó la saga de balaceras ahora en juicio. El 29 de mayo fueron las dos primeras, simultáneas, a una casa de Italia 2118 y a un edificio de calle Montevideo 1040 vinculados a Ismael Manfrín, magistrado del juicio a Los Monos.

Los ataques Los fiscales incorporaron a los hechos en debate dos atentados de fines de junio a las casas de Ariel Lotito y Luis Quevertoque, dos ex policías de la polémica Brigada de Judiciales que investigó a la banda a las órdenes del juez Vienna. El 13 de julio balearon a los custodios del padre de ese juez en Laprida al 3600. A las dos semanas atacaron a tiros un edificio de Zeballos 2575 donde residió la familia de Marisol Usandizaga, otra jueza que condenó a Los Monos. Al día siguiente fue baleado otro domicilio ligado a la magistrada en Dorrego 2615 y aparece allí el primer cartel con el slogan “con la mafia no se jode”.

El 29 de julio hubo otro ataque a tiros en Suipacha al 2900 que no es parte de la saga, sino atribuido a una cobranza narco de la acusada Lucía Uberti. La serie a blancos judiciales siguió con un doble ataque simultáneo del 4 de agosto a un edificio de avenida Libertad 370 donde había vivido Usandizaga _“el único de esta saga cometido por más de una moto con dos personas”_ y al Centro de Justicia Penal. En las primeras horas del día siguiente la orden fue balear un domicilio vinculado a la camarista Carolina Sansó de Tarragona al 700 pero, por un error del tirador, las balas entraron a otra casa a la altura del 700 bis.

El mismo mes se sucedieron atentados a un edificio de Buenos Aires 1743 ligado a Usandizaga, una vivienda de San Luis 1451 vinculado con la camarista Gabriela Sansó y la sede del Ministerio Público de la Acusación de Montevideo 1962. Cierra la secuencia el ataque de la madrugada del 26 de agosto de 2018, cuando arrojaron una granada de gas lacrimógeno a la sede de la ex Policía de Investigaciones en Lamadrid al 500 bis.

Todos los hechos, según los fiscales, fueron ordenados desde la cárcel con un propósito de “intimidación y amedrentamiento” a jueces que debían resolver trámites penales del grupo, que “disputó por tres meses la autoridad del Estado, manteniendo en vilo a la sociedad entera”.

Para llegar a los siete acusados, con Guille al podio, los fiscales se valieron de prueba obtenida en celulares y redes sociales de otros cuatro ya condenados en procesos abreviados y sobre todo del celular de Uberti: una joven detenida en septiembre de 2018 cuando dormía junto a su novio Matías César en el allanamiento a una casa de Winter al 200, en barrio Acindar.

De los febriles mensajes de Uberti se reconstruyó cómo fueron orquestados los ataques a través de dos células que respondían a Guille, una de ellas dirigida por Matías César en los barrios Alvear y Bella Vista. Para ellos tres _Cantero con siete hechos, Uberti con nueve y César con diez_ los fiscales pidieron las penas más altas a 24 años de prisión como instigadores de delitos de amenazas coactivas, portación de armas, daño y extorsión.

Otra célula con base territorial en barrio Tablada era liderada por Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno ocurrido el 1º de enero de 2012. Para él pidieron 13 años de prisión. Con tres hechos cada uno, la misma pena fue requerida para Leandro Daniel “Chulo” Olivera. Los otros acusados son Leonel Alejandro Fernández, para quien pidieron 12 años, y Damián Oscar Enrique Chávez, con 9.

Las defensas contestaron con planteos diversos. El más técnico intentó conseguir una declaración de incompetencia de los jueces para desviar la causa al fuero federal, pero el tribunal lo rechazó. Mariano Scaglia y Hernán Tasada, defensores de César y Delgado, plantearon que ante “el miedo a una orden impartida por Cantero” no tuvieron opción. Nazareno Bravo, por Chávez y Olivera, recordó que el clan liderado por Esteban Lindor Alvarado intentó involucrar a Los Monos en otras balaceras falseando pruebas. Y planteó dudas sobre la verdadera titularidad de los chips de teléfono que les endilgan.

La defensora pública Gabriela Valli dijo que Lucía Uberti quedó envuelta en una relación amorosa con César (con quien tuvo una hija) que la aisló de su familia y la llevó por un camino del que “no pudo salir, con una voluntad quebrada y anulada por su género”. Luego de estas exposiciones se esperaba una declaración de Guille Cantero tras el último intervalo. Pero todo quedó en un anuncio. Al tomar la palabra su defensor, Fausto Yrure, dijo que a partir de ahora su cliente optará por no presenciar las audiencias y por lo tanto no escuchará su alegato del lunes, que es día de visita en Marcos Paz.