El delito en sociedad con policías y otros uniformados

Causas judiciales y sentencias demuestran en Rosario la conexión sistémica del delito complejo con los engranajes jerárquicos de fuerzas de seguridad.

En 2018 resultaron condenadas 19 personas por integrar la llamada Banda de Los Monos. Nueve de ellas eran policías de distintos rangos que desde al menos cinco años antes contribuyeron al crecimiento de la banda. En la investigación contra la asociación ilícita de Esteban Alvarado junto a este se sentaron oficiales medios y superiores delante de un tribunal. Al jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la PDI, Javier Makhat, lo encontraron viviendo en una casa cuyas expensas estaban en una casa quinta de Alvarado. Un policía investigador, Pablo Báncora, ya recibió condena por pasarle datos a este desde adentro de la misma oficina de los fiscales. Los dos comisarios de mayor mando de esa brigada, los hermanos Marcelo y Martín Rey, irán a juicio por desviar pesquisas en favor de Alvarado. Cristian Di Franco, comisario de San Lorenzo, fue condenado por favorecerlo en investigaciones.

También hubo en juicios por drogas condenados policías federales en Rosario, como un colaborador de Delfín Zacarías, o personal de Gendarmería Nacional. En la época en que despuntó la violencia letal en Rosario hubo jefes de regionales con causas por enriquecimiento ilícito. Un jefe de policía provincial, Hugo Tognoli, cumplió condena por encubrir a un narcotraficante en Santa Fe. En 2018 el jefe de Inteligencia Zona Sur de Drogas Alejandro Druetta fue procesado como organizador de narcotráfico en Rosario. Un año antes por confabular para que Ignacio “Nacho” Actis Caporale desplegara su actividad narco en la zona de Venado Tuerto.

Una de las facetas principales de la transformación del crimen en la provincia es la vinculación sistémica del delito complejo con los engranajes jerárquicos de las fuerzas policiales. En especial con el narcomenudeo. En Santa Fe la policía intentó regular este mercado ilícito de gran dinamismo pero aunque pactó con sus gestores civiles, o entró con ellos en sociedades directas, no logró gobernar el fenómeno porque la violencia tuvo una visibilidad desplegada y apabullante.

La policía que quedó en evidencia pactando con grupos criminales en numerosas intervenciones judiciales no pudo contener esa violencia a excepción de las áreas centrales de la ciudad y los espacios barriales más acomodados. Allí, donde la capacidad de sus residentes de interpelar al Estado es fuerte, los hechos cruentos fueron esporádicos cuando no inexistentes. “Hay un mercado minorista marginal que genera mucho delito en áreas suburbanas. Pero en el centro prevalece el suministro por delivery. La policía allí sí está mejor estructurada e interesada en garantizar el orden”, consignó un portavoz del MPA.

Lo que aparece en investigaciones judiciales son muchas variantes de la intervención policial en favor del negocio criminal y que viene de lejos. A veces los uniformados intervienen para no perseguir o para desviar investigaciones en favor de un actor criminal. Otras para hacer pactos con un jefe criminal que al mismo tiempo entrega a competidores a los que podrá perseguir para, con estos sí, dar apariencia de eficacia operativa. Otras veces directamente como pares en el negocio como parece ocurrir con un ex jefe de Rosario que tenía como socio al hijo del traficante que había comprado una joyería.

Lo que aparece en investigaciones judiciales son muchas variantes de la intervención policial en favor del negocio criminal.

Junto con los profesionales que contribuyeron a blanquear el dinero de la droga con asesores financieros, la inacción judicial y de la política durante largo tiempo, la policía fue un factor de regulación del negocio. La falta de acción no significó no hacer nada sino que la vigilancia policía fue deliberadamente suspendida.

La suspensión de la ley significó una transacción permanente, un arreglo por dinero, a cambio del cual las fuerzas de seguridad proporcionaron estabilidad, seguridad y ocultamiento a la trama criminal. La regularidad de estos cobros surgen en investigaciones criminales. Aparecen en patrimonios que agentes no pueden justificar. Y también en legajos investigativos. En mayo de 2020 un traficante de la zona del Cordón Industrial que solicitó protección a cambio de información comentó a autoridades del MPA que había dejado de traficar droga en sus camiones declarados porque le resultaba asfixiante la exigencia económica de la policía para transportar estupefacientes lo que lo obligó a trasladar “solamente” mercadería legal.

“Lo que contaba era que la presión de la policía había eliminado el margen de rentabilidad que le dejaba la droga”.

La policía vendió la capacidad de permitir el delito e invisibilizarlo. Pero cuando comenzaron en los barrios las disputas sangrientas por el negocio muy fragmentado las fuerzas uniformadas quedaron en evidencia tanto en su incapacidad de control institucional como en la complicidad de muchos de sus mandos medios y jerárquicos. Los negocios de la policía con los actores civiles del hampa se desnudaron con la violencia. Cuando mataron a un chico de 14 años en el ataque a tiros a tres micros de hinchas de Newell's en 2012 se descubrió que los acusados de balear los ómnibus, vinculados a la droga, pagaban a los jefes de la comisaría 11 de zona sur para tener libertad de acción en la zona. Desde entonces denuncias de esta clase, con el soporte de evidencias de testimonios y escuchas telefónicas, no dejaron de reproducirse rutinariamente.

Esta nota forma parte del INFORME ESPECIAL: EL MAPA DE LA VIOLENCIA