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El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor. Durante este tiempo el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado para instalar un plan de política económica liberal, liberal-corporativa o de libre mercado. Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (ver Sección «cantidad de víctimas»).
La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil.
El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. Bajo la tutela de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas, sindicalistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores en general.
Conceptualización
Conforme al sitio oficial del Ministerio de Educación y Deportes las notas distintivas del Terrorismo de Estado son:
El uso de la violencia para eliminar los adversarios políticos y para amedrentar a toda la población con diversos mecanismos represivos tales como encarcelamiento, exilios forzados, prohibiciones, censura y vigilancia, y fundamentalmente, el uso de centros clandestinos de detención.
La utilización del terror con la finalidad del disciplinamiento social y político en forma constante, no de manera aislada o excepcional. La violencia desde el Estado constituyendo la «regla» de dominación política y social o sea una política de terror sistemático.
La realización de todas estas acciones contra quienes fueran considerados enemigos del régimen, realizada de manera clandestina fuera de todo marco legal o bajo una ficción legal justificativa.
La deshumanización del «enemigo político», la desaparición sistemática de personas, el borrado de toda huella de su historia —e incluso de su muerte— que pudiera significar un legado que se caracterizara como peligroso, cuya forma más extrema fue la sustracción de bebés.
El uso para asesinatos masivos de los recursos técnicos del Estado.
El quiebre de los lazos sociales mediante la internalización del terror, la categorización como actividades «sospechosas» frente al Estado —ser joven, obrero, estudiante, representar a un grupo— conllevando una exacerbación del individualismo cuyos efectos fueron más allá del 10 de diciembre de 1983.
El jurista español Ernesto Garzón dice que el Terrorismo de Estado es:
un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.
También se ha expresado:
Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.6
La Enciclopedia Encarta define al Terrorismo de Estado como el:
Uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población.
Dictadura autodenomidada "Revolución argentina" (1966-1973) Cordobazo, 29 de mayo de 1969
En 1966 se instaló la primera dictadura cívico-militar de tipo permanente en Argentina: la autodenominada revolución argentina (1966-1973), apoyada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Durante su curso se disolvieron los partidos políticos y se disparó la violencia política. En las manifestaciones callejeras se comenzó a asesinar manifestantes, cuyos nombres —Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etcétera— fueron enarbolados bajo lemas como «la sangre derramada no será negociada». Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Viborazo, Trelewazo. Se formaron organizaciones guerrilleras como las FAR, FAP, Montoneros y ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto.
Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública —Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso— realizados por grupos guerrilleros que, entre 1971 y 1972 asesinaron a 95 policías y algunos militares.
El secuestro y desaparición de Mirta Misetich en 1971 fue el primero en el que se utilizó la metodología de desaparición forzada —incluyendo zona liberada— que se utilizaría sistemáticamente a partir del golpe de Estado del año 1976.
El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular también ha sido considerado como la primera acción concreta del terrorismo de Estado en Argentina.19
1973
El alto nivel del conflicto social y las acciones de las organizaciones guerrilleras obligó al gobierno militar a convocar a elecciones en las cuales el 11 de marzo de 1973 se eligió a Héctor Cámpora presidente con casi el 50 % de los votos, el candidato elegido por Perón dada su proscripción.
El gobierno democrático asumió el 25 de mayo. Una de sus primeras medidas fue anunciar un aumento salarial de emergencia e indultar y liberar a unos 600 presos políticos, medida que se completó al día siguiente con una amplia amnistía sancionada por el Congreso Nacional.20 en nombre de la reconciliación nacional
.
El 20 de junio, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo una emboscada conocida como la Masacre de Ezeiza, organizada por la derecha del peronismo, contra las columnas del peronismo revolucionario, en la cual al menos 13 personas fueron asesinadas y 365 resultaron heridas.
En septiembre de 1973 se realizaron nuevas elecciones pero sin proscripción, en las que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón, con el 62 % de los votos. Luego de las elecciones la organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa,21 mientras que Montoneros declaró que suspendía sus operaciones militares.
En octubre de 1973 comenzó a operar un grupo parapolicial conocido como Triple A —Alianza Anticomunista Argentina— asesinando a militantes de izquierda, peronistas y no peronistas.2223 El grupo estaba financiado por el gobierno y dirigido por el Ministro de Bienestar Social José López Rega. En los dos años siguientes asesinaría a 683 personas.2224 El conocimiento de Perón sobre las actividades de la Triple A es materia de debate entre los investigadores.
El 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985 y el 11 de septiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe de Estado en Chile en el cual el general Augusto Pinochet tomaría el poder hasta 1990. De esta forma Argentina quedaba como el único país del Cono Sur donde persistían las instituciones democráticas.
Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del exvicepresidente de Chile y ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general de ejército Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado presidente Salvador Allende.
1974
El 19 de enero, el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo atacó la guarnición militar de la ciudad bonaerense de Azul, lo que motivó una dura respuesta por parte del entonces presidente constitucional Juan Domingo Perón,25 y contribuyó a que este tendiese a recostarse cada vez más sobre el ala derecha del movimiento justicialista durante sus últimos meses de vida.
Organizaciones parapoliciales de extrema derecha —vinculadas a la Triple A o a su suerte de «filial» cordobesa «Comando Libertadores de América»— asesinaron al dirigente sindical y exgobernador justicialista de Córdoba, Atilio López, además de a los abogados izquierdistas Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi —hermano del derrocado expresidente argentino Arturo Frondizi, quien se había desempeñado como primer mandatario entre el 1.º de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962. También en 1974 fueron asesinados el sacerdote tercermundista Carlos Mugica y decenas de militantes políticos de izquierda.
El 9 de agosto, un grupo de jóvenes guerrilleros de la denominada Compañía del Monte «Ramón Rosa Jiménez» del ERP —la cual tenía su epicentro de operaciones en la provincia de Tucumán—, bajo el comando de Hugo Irurzún —«Capitán Santiago»—, iniciaron una operación para asaltar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 del Ejército Argentino en la capital catamarqueña de San Fernando, al mismo tiempo que otro grupo se preparaba para el copamiento de la fábrica militar de Villa María —en Córdoba—. Dieciséis guerrilleros pertenecientes al primer grupo de ataque fueron sumariamente fusilados después de ser capturados antes de copar la unidad militar.
Después de la llamada masacre de Capilla del Rosario en la cual 16 guerrilleros murieron, el ERP anunció que mataría a 16 oficiales del Ejército como represalia, la cual se inició en septiembre. Hasta el 10 de diciembre habían sido asesinados 10 oficiales pero entonces la campaña se suspendió a causa de la muerte de la hija de tres años del capitán Humberto Viola, atrapada en el tiroteo durante el asesinato de su padre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 1.º de diciembre anterior. El 6 de septiembre la dirección de Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y el 19 de septiembre realizó el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, principales accionistas del poderoso grupo empresarial Bunge & Born. Como resultado de tal operación, dicha organización político-militar obtuvo unos 60 millones de dólares por el rescate.
El 30 de septiembre de 1974, fue asesinado con una bomba en la ciudad de Buenos Aires el general retirado del Ejército de Chile Carlos Prats junto con su esposa Sofía Cuthbert.26 El autor material del atentado fue el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA.nota 4 Este asesinato ya se considera parte de la Operación Cóndor que coordinaba internacionalmente la acción represiva clandestina, aunque el mismo recién se formalizaría al año siguiente.
1975
Si bien en el año 1975 disminuyó el número de asesinatos de impacto público —John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el general Jorge Cáceres Monié y su esposa—, aumentó en cambio su número hasta alcanzar el punto más alto de las últimas dos décadas. Entre ellas se incluye la masacre conocida como la Masacre del cinco por uno, en la que fueron asesinados Jorge Enrique Videla y de sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo, el 21 de marzo de 1975; 41 años después, el 20 de diciembre de 2016, el TOF n.º 1 de Mar del Plata, sentenció como autores a cadena perpetua, a Mario Ernesto Durquet, al exsuboficial del Ejército Fernando Alberto Otero y al exfiscal Gustavo Demarchi, todos miembros de la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU). Se trata de uno de los pocos casos de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 24 de marzo de 1976. La lista elaborada por el Grupo Fahrenheit contabiliza 336 personas detenidas-desaparecidas en 1975, frente a 43 del año anterior.La CONADEP por su parte estimó que 359 personas habían desaparecido en 1975.
El hecho más importante vinculado a este tema fue el Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo general de ministros mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero, en el que se ordenó al Ejército intervenir y «aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán» (art. 1), y más adelante en todo el país, cuando ocupaba provisionalmente la presidencia nacional, el presidente de la Cámara del Senado, Ítalo Lúder, por licencia por enfermedad de Martínez, mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975.
El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en cinco zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares. Años después hubo fuertes discusiones sobre el significado y alcance del término «aniquilar» en vinculación directa al concepto de terrorismo de Estado, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no de sus estructuras ni su accionar. La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia,31 hecho que llevó a Mario Santucho —líder de la organización— a declarar una «zona liberada», para pedir apoyo y reconocimiento de los países socialistas como «ejército beligerante». Los enfrentamientos y acciones represivas en esa provincia causaron la muerte de militares y de guerrilleros, así como de civiles no combatientes.
El 25 de noviembre de 1975 fue establecido oficialmente el Plan Cóndor, en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el Jefe de la DINA (policía secreta chilena), y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina (gobernada por María Martínez de Perón), Bolivia, Paraguay y Uruguay —estos últimos con gobiernos militares—.
1976: antes del 24 de marzo
En los primeros meses de 1976 continuó el alto nivel de violencia política. Los tres Comandantes en Jefe conformaron un gobierno paralelo de hecho y habían intimado a renunciar a la presidenta Isabel Perón, quien se negó a hacerlo para no convalidar el golpe, ni la matanza que causaría, como ya era visible para todos los observadores.
En Tucumán el Ejército Argentino venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte de Montoneros. El 22 de marzo el ERP asesinó al sindicalista de la FOTIA Atilio Santillán. El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: «Argentina inerme ante la matanza». El 24 de marzo se produjo el golpe de Estado, dando así inicio a la dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional.
Después del 10 de diciembre de 1983
Ha sido probado en los juicios, que luego de iniciado el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, al menos un centro clandestino de detención continuó en actividad en Mar del Plata y que allí fueron mantenidas con vida hasta el año siguiente varias personas desaparecidas, entre ellas Cecilia Viñas Moreno.También se ha revelado que el gobierno de Alfonsín recibió información de un país europeo sobre la existencia de personas desaparecidas vivas en un centro de detención clandestino en Chubut, pero que cuando las fuerzas de seguridad al mando del ministro Antonio Tróccoli llegaron al mismo con el fin de rescatarlas, no encontraron a ninguna.
Política represiva de la dictadura
Estructura institucional
El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como «órgano supremo de la Nación», la Junta Militar de Gobierno, integrada por los titulares de las tres Fuerzas Armadas: el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. «En ejercicio del poder constituyente» la Junta estableció un estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.
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