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Ocho represores juzgados por su actuación en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de Policía de Rosario, quedaron detenidos y fueron trasladados a distintas cárceles nacionales, luego de escuchar la sentencia dictada el mediodía del viernes último por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, en el marco de la causa conocida como Feced II. Zafaron de esa “humillación” el Ciego José Rubén Lofiego, que siguió la lectura del veredicto por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz –donde cumple una pena de prisión perpetua– y Pedro “Trava” Travagliante, que fue absuelto.
Luego de un largo debate judicial iniciado en febrero de este año, por el que pasaron más de cien testigos y sobrevivientes del SI, los magistrados Noemí Berros, Roberto López Arango e Ivón Bella condenaron por homicidio a “Caramelo” Carlos Ulpiano Altamirano con la pena de prisión perpetua, e impusieron –por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados– 22 años de cárcel para Lucio César “Ronco” Nast, Ernesto “Picha” Dugour, Ernesto “Managua” Vallejos y Julio “Darío” Fermoselle; 20 años para Telmo Alcides “Romel” Ibarra; 18 para el “Vasco” Ovidio Olazagoitía y 12 años para Lofiego, quien ya había sido juzgado en un proceso anterior. Además, los jueces absolvieron a Travagliante.
Tras afirmar que los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron “fueron cometidos en el marco del segundo genocidio perpetrado en nuestro país”, los magistrados ordenaron a la Gendarmería presente en la sala de audiencias la “inmediata detención” y traslado a penales federales de los condenados.
En el juicio oral por la segunda parte de la causa “Feced” se ventilaron los casos de 43 víctimas, que en su mayoría pasaron por el centro clandestino de detenciones que funcionó en los primeros años de la dictadura en la Jefatura de Policía, entonces ubicada en Dorrego y San Lorenzo.
Entre los hechos investigados a lo largo del proceso que concluyó este viernes estuvieron incluidos los homicidios de los ciudadanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung, asesinados en el marco de una operación montada por la patota del SI para tapar otro crimen ocurrido en ese CCD: el del estudiante Conrado Galdame. Por esas muertes, únicamente, fue juzgado y condenado Altamirano.
Fuera del tribunal, una multitud de ex presos políticos, organizaciones de derechos, sociales y políticas, que siguieron por altoparlante la lectura de veredicto, festejaron las penas más altas y abuchearon las más bajas y la absolución.
Al salir de la audiencia, sobrevivientes del SI, abogados querellantes y organismos se abrazaron y festejaron “el hecho de haber conseguido la sexta sentencia contra represores de la dictadura en la ciudad”.
La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Jesica Pellegrini, aseguró que “a pesar de la absolución, que ya veremos cuáles son los fundamentos, creemos que las condenas son ejemplares ya que en su mayoría se acercan a los 25 años que habíamos pedimos en todas las acusaciones”.
“Los jueces han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo ocurrido en 1976 sino también se resignifica el primer genocidio a los pueblos originarios”, enfatizó la abogada.
Y se manifestó feliz “de esa traducción jurídica de hechos históricos nefastos de nuestro país”.
Por su parte, la sobreviviente y querellante en la causa, Marta Bertolino, calificó la sentencia como “excelente” y comentó que dentro del tribunal “se vivió con mucha emoción, sobre todo al conocer la prisión perpetua de uno de los acusados que fue en aquella época muy lesivo con muchos compañeros”.
“También –continuó- al escuchar los fundamentos de la prisión preventiva, cuando la jueza dice que si los criterios que mencionó son válidos para delitos comunes, con mucha más razón lo son en este caso donde se trata de crímenes de lesa humanidad”.
La abogada de Hijos, Nadia Schujman, dijo que “las sentencias de esta megacausa fijan estándares muy importantes y da por tierra con la idea de que estos procesos se van a terminar”. Y agregó: “Todo lo contrario, aún nos queda mucho por hacer como se viene haciendo colectivamente desde hace treinta años”.
Asimismo, subrayó que “la absolución de Travagliante es parte de las reglas de esta pelea que elegimos dar con HIJOS desde la calle y en tribunales para lograr justicia, y no empaña en nada la felicidad y el orgullo por las otras nueve condenas”.
El copresidente de la APDH nacional, Ernesto Moreau, consideró por su parte que “el tribunal interpretó bien la realidad: primero bajó a términos legales a esta patota de policías al considerarla una asociación ilícita y, por otra parte, también los jueces revocaron los pedidos de excarcelaciones tomando en cuenta que existen una gran cantidad de genocidas prófugos”.
Desde la radio abierta montada en las puertas del tribunal, el militante de Hijos Juane Basso dijo: “Celebramos porque tuvimos una nueva sentencia, porque de diez imputados, nueve han sido condenados, en lo que se constituye en un nuevo hecho histórico para la ciudad, nada menos que la sexta condena a represores de la dictadura en Rosario”.
En la jornada frente al tribunal, que comenzó desde temprano a la mañana, hubo espacio además para homenajear a la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini y nombrar “a todos aquellos que hicieron posible con su lucha este momento histórico de juzgamiento a los genocidas”.
La colectividad peruana en Rosario celebró el falló
El integrante de la Asociación de Estudiantes Residentes Peruanos en Rosario, Guillermo Chapa Bayona, consideró este viernes como “un acto importantísimo y trascendental” las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario en el juicio por delitos de lesa humanidad de la causa Feced II, en la que se juzgaron los casos de dos hermanos peruanos asesinados por la dictadura.
El dirigente peruano se refirió específicamente a la causa Galdame que se ventiló en el juicio. De acuerdo a la investigación judicial, tras el crimen de Galdame, la patota que operaba en el SI fue el 16 de diciembre de 1978 al departamento de Conrado y asesinó a los hermanos peruanos Céspedes Chiang, con la intención de fraguar un enfrentamiento y legalizar el crimen del estudiante.
Tras la sentencia de este mediodía, Chapa Bayona consideró que “esto viene aparejado a lo que fue llamado el Plan Cóndor y Argentina ha hecho lo que muchos otros países de Latinoamérica no lograron”.
Además, recordó que su institución "participó acercando documentación a la causa por el asesinato de nuestros compatriotas, los hermanos Céspedes Chung".
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