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(Por Oral y Público) El 12 de agosto de 1974, dieciséis integrantes del PRT-ERP fueron fusilados por el Ejército Argentino luego de haberse entregado, en las serranías de Capilla del Rosario, a pocos kilómetros de la capital de Catamarca. El 6 de mayo pasado comenzó el juicio a los represores Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nagakama y Jorge Acosta, acusados de ser los responsables de esta masacre, uno de los hechos más significativos de la construcción del Terrorismo de Estado en etapas previas al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tal como lo definió el historiador de la Universidad Nacional de Catamarca y militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Jorge Perea, testigo fundamental en este proceso por haber investigado el hecho, a quien entrevistamos para que nos cuente además cómo se vive y qué significa el desarrollo de este juicio en la provincia de Catamarca.
El 10 de agosto de 1974, el PRT había planeado dos operativos en forma simultánea. El primero fue el copamiento de la fábrica militar de Villa María en la provincia de Córdoba. El segundo iba a llevarse adelante en el mismo horario, 23:40 aproximadamente, en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de la provincia de Catamarca. “Los operativos tenían el mismo objetivo, que era producir un hecho político de importancia por parte del PRT-ERP y conseguir además recuperar, como se decía en el lenguaje de la época, una importante cantidad de armamento para la compañía de monte que el PRT-ERP tenía en Tucumán”, explicó Jorge Perea en diálogo con Oral y Público.
El primer operativo resultó exitoso en términos políticos y materiales, pero el segundo fue abortado porque en el mismo momento en que los guerrilleros se preparaban para intentar el copamiento del regimiento fueron descubiertos por la patrulla policial, por lo que la columna se disgregó. Una parte volvió a San Miguel de Tucumán y la otra quedó aislada, al mando del Negrito Fernández, un conocido militante y dirigente político del PRT-ERP.
El 12 de agosto se produjo un breve enfrentamiento con el ejército y los guerrilleros intentaron rendirse, pero fueron fusilados. “Esto lo hemos demostrado nosotros a través de una cantidad importante de testimonios, fuentes orales, documentos de la época; hasta ese momento la tónica de la época era intentar parlamentar con el ejército, pero el ejército no parlamentó y los asesinó a mansalva.
Pero la masacre continuó porque, y esto lo dije en mi testimonio y lo hemos demostrado con pruebas, el ejército no solo mató aquel mediodía del 12 de agosto, sino que luego siguió matando a los colaboradores del PRT-ERP dentro del regimiento de Aerotransportada 17. Hemos demostrado hasta el momento que un cabo del ejército, la única víctima aparentemente del ejército en el lugar, que murió por un mal manejo de una granada, según la versión oficial del ejército, era un colaborador del PRT-ERP y fue asesinado por el ejército en el mismo lugar.
Y en abril de 1975 el ejército todavía siguió matando, y mató a un conscripto santiagueño que cumplía servicio en ese regimiento y su cuerpo apareció flotando, en un intento de que sea un desaparecido por el ejército argentino en el dique Las Pirquitas”, relató Perea.
Durante la entrevista, el historiador repitió una y otra vez que hay pruebas y documentación que respaldan sus dichos. Esta aclaración se debe a que la Masacre de la Capilla del Rosario fue un hecho sistemáticamente silenciado por la historiografía oficial de las décadas del ’80 y ’90 y los relatos hegemónicos en la provincia y a nivel nacional durante casi treinta años.
La denuncia por lo sucedido fue presentada ante la justicia en 2004 por organismos de derechos humanos y la comisión de abogados de derechos humanos de Catamarca y tuvo dos motivos principales: “intentar averiguar la identidad de cuatro cuerpos N.N. que todavía estaban en el cementerio municipal de la provincia de Catamarca, -enumeró Perea- y en segundo lugar porque era muy importante descifrar quiénes habían sido los responsables de esta masacre, un delito de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976.
Ha sido una tarea ardua, ha llevado prácticamente una década, pero en estas dos últimas semanas se ha iniciado el juicio oral y público en la provincia de Catamarca con tres militares sentados en el banquillo de los acusados, los entonces sub tenientes Nagakama y Acosta, quien también ha sido condenado y juzgado por participar en el centro de tortura y exterminio de La Perla, y el capitán Carrizo que también cumplió un rol destacado en lo que fue el armado del operativo que permitió justamente que los guerrilleros fueran asesinados sin ningún testigo del hecho”.
Esta presentación ante la justicia permitió la reaparición de una importante cantidad de relatos olvidados y silenciados: “cuando nosotros empezamos a iniciar la investigación pensábamos que en la misma época no había sido lo suficientemente denunciado el hecho, sin embargo lo fue, de hecho a consecuencia de la masacre, dos semanas después dos de los abogados que venían a defender a los guerrilleros que habían sido detenidos por la policía de Catamarca en otros lugares de la provincia, fueron asesinados por la Triple A.
Estamos hablando de dos abogados muy conocidos, Alfredo Curuchet y Silvio Frondizi, que son asesinados en Buenos Aires. Además de otros tres abogados locales que participaban en la causa que fueron encarcelados. Es un hecho que tiene consecuencias importantes a nivel político y social en la época, pero estamos hablando también de un manto de silencio que forma parte también de la tónica del Terrorismo de Estado. Porque el Terrorismo de Estado no solo implica la desaparición de cuerpos, sino también la desaparición de historias, de sensaciones, de relatos, de recuerdos; el Terrorismo de Estado intenta borrar todo rastro, no solo de cuerpos sino también de sí mismo”, reflexionó Perea.
En este sentido, el historiador refirió que una de las principales hipótesis que explica por qué se quiso borrar la masacre tiene que ver con que es un hecho que ocurrió en una etapa previa al golpe de Estado: “ha sido también una de las bases de los abogados defensores de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad en este juicio. Justamente que el hecho ocurriera en el marco de un gobierno constitucional y que el ejército lo único que hacía era cumplir órdenes.
A su vez, acá hay una importante cuota de responsabilidad política que debe ser dimensionada en función de la época por parte de quienes eran los integrantes del gobierno de la provincia de Catamarca y también del gobierno nacional. La cada vez más importante autonomía de las fuerzas armadas para construir lo que era una posición a nivel nacional como un partido, como una opción de poder con su propio proyecto, fue beneficiada por decisiones equivocadas del gobierno nacional y también por un acuerdo ideológico por una parte importante de sus funcionarios en ese momento.
La Masacre ocurrió a un mes de asumir María Estela Martínez de Perón, y hay un detalle importante: en el segundo semestre de 1974, y esto tiene que ver también con las decisiones que se toman en la época, con el giro que implica también en cuanto a la construcción del Terrorismo de Estado, el ejército argentino y las fuerzas armadas dejan de tomar prisioneros”. Es decir que la Masacre fue un hecho paradigmático no solo en términos de la historia local, de lo que fue la violencia política de la época en Catamarca, sino que además marcó un quiebre en lo que fue la lógica del ejército en relación con la guerrilla: “el ejército empezó a considerar que el mejor enemigo es el enemigo muerto o desaparecido”, graficó Perea.
En cuanto al circuito represivo impuesto en Catamarca, Perea afirmó: “es algo que hemos discutido durante mucho tiempo con compañeros de militancia, hemos dicho que en Catamarca no pasó nada, pero no pasó nada como en otros lugares, la represión para poder encarnarse en el espacio local, tomar un nuevo sentido y ser absolutamente eficaz tuvo que tener en cuenta las características particulares de la provincia de Catamarca entonces tenemos una provincia con una relativa escasa cantidad de desaparecidos en función de provincias vecinas, como por ejemplo La Rioja.
Pero una parte importante de nuestros desaparecidos se produjeron en otras provincias, en Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, inclusive en Buenos Aires, y estos desaparecidos también habían sufrido una violencia anterior que tenía que ver con el exilio propio de la época, catamarqueños obligados por las condiciones económicas y sociales a irse a otras provincias; entonces tenemos en Catamarca una represión en términos cuantitativos que contribuyó durante mucho tiempo a darle cierto sentido a una versión hegemónica de la década del ’70 de que aquí no pasó nada y que Catamarca fue un paraíso, pero en el marco de estos juicios, de investigaciones y de la propia acción militante de los compañeros, lo que uno está descubriendo es que lo más terrible de la represión en la década del ’70 es la imposibilidad de recordar, y de recordar sin culpa porque justamente acá se sigue estigmatizando con los mismos recursos y discursos que en la década del ’70 y que permitieron encarcelar, exiliar, torturar y asesinar a catamarqueños.
Uno de los términos más conocido, estigmatizador, que se utilizaron con una enorme eficacia en los ’70 y todavía se sigue utilizando hoy es el término foráneo; justamente para habilitar la persecución, el encarcelamiento y la represión de un militante político no hay un término más eficaz en la provincia de Catamarca que el término foráneo”.
En la charla con Oral Y Público, también se le consultó a Perea sobre la posición que han tomado los medios de comunicación tradicionales respecto a este juicio. El historiador consideró que existe una relación muy particular de los medios para con los derechos humanos, una relación que calificó como “casi esquizofrénica”: “hacen un seguimiento muy profundo de lo que son las causas por violaciones a los derechos humanos en los ’70 – explicó – pero utilizan los mismos términos en sus editoriales para deslegitimar y atacar la lucha de aquellos que protestan hoy en día en el interior de la provincia contra los grandes emprendimientos mineros.
A través del análisis de fuentes hemos descubierto que las marcas discursivas ‘foráneo’, ‘extranjero’, ‘infiltrado’, ‘que viene con ideas extrañas’, ‘que vienen a acabar con nuestras ideas tradicionales’, se vienen utilizando en los medios de Catamarca con un grado de eficacia increíble, han ayudado a constituir un sentido común defensivo en contra de aquel que viene a acabar con esta noción de Catamarca como un paraíso, una tierra en la que todos vivimos bien y no tenemos conflictos entre nosotros, y viene alguien de afuera a acabar con nuestra paz”.
Jorge Perea fue uno de los primeros testigos en declarar en el juicio por la Masacre de Capilla del Rosario, proceso que se desarrolla gracias a la presentación ante la justicia efectuada por él junto a organismos de derechos humanos hace casi una década. El resultado de todos estos años de investigaciones y trabajos será publicado en el próximo mes de agosto en el libro: “Aquí no pasó nada.
La Masacre de Capilla del Rosario de agosto 1974”. “Mi intención es demostrar que esta Masacre implica un jalón necesario en la consolidación de un proyecto represivo que terminó en el golpe de Estado de 1976”, señaló el historiador respecto no solo al objetivo de su libro sino también de su tarea académica y militante.
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