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Será este jueves contra cuatro tres ex miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) y un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la Quinta de Fisherton entre agosto y octubre de 1976.
Quinta Operacional de Fisherton
Llega a su fin el juicio conocido como la causa Klotzman, iniciado en septiembre de 2020 y que investiga los delitos cometidos contra 29 personas en la Quinta de Fisherton (San José Calazans 9100). Este jueves 29 de julio se espera una sentencia ejemplar contra tres ex miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) y un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército.
La pandemia obligó a que la mayor parte del juicio fuera de forma virtual. Aunque la no presencialidad es en sí misma no es un problema, sí limitó la cantidad de testigos por día. Además las condiciones de declaración para víctimas y familiares fue inaudita, en general entre las cuatro paredes de sus casas, lejos de lo que imaginaban para un momento que suele ser muy reparador.
La causa lleva el nombre de Klotzman porque es el apellido del primer secuestrado de estos operativos que se llevaron adelante, en casi todos los casos, durante la primera quincena de agosto de 1976. Cada uno de ellos expone características similares y se autodenominaron “operativos conjuntos” por la participación coordinada de integrantes del Ejército y de la Policía Federal.
Cada juicio de lesa humanidad tiene aspectos que lo vuelven particular. En este caso, es la primera vez que se juzga en la ciudad: a miembros de la Policía Federal por delitos de este tipo, los crímenes perpetrados en este centro clandestino de detención -CCD- y un caso de robo y apropiación de menor, la nieta recuperada número 103 cuya identidad fue restituida en 2011.
La causa está a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez, integrantes del TOCF N°2. Los imputados son Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y ya ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad; los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio de este tipo.
Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria. Desde la elevación en 2015 se sucedieron tres suspensiones hasta su inicio en 2020. En el transcurso fallecieron tres represores vinculados con la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. Los tres eran integrantes de la Policía Federal. En 2016 la quinta fue demolida, con lo que hoy solo se cuenta con los registros que se tomaron de la misma.
Los imputados están acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años. La fiscalía pidió para todos penas de prisión perpetua en cárcel común y pidió que se revoquen las prisiones domiciliarias.
La investigación sorteó varias dificultades. En principio, durante muchos años hubo un único sobreviviente: Fernando Brarda, que pasó décadas denunciando la existencia de este CCD hasta que dos allanamientos y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense constataron su relato.
Fue el único, porque los demás fueron desaparecidos, hasta que en 2016 una persona declaró por primera vez ante la Justicia que había estado secuestrado en el mismo lugar en octubre de 1976. Daniel Guibes nunca estuvo cerca de los organismos de derechos humanos ni de ámbitos de la Justicia y llegó al CCD de casualidad: a partir de su trabajo en el Colegio Inglés (San Bartolomé) que adquirió el terreno donde está la quinta en 2015. Si bien su caso no llegó a constituirse para esta elevación de la causa, prestó testimonio ante el tribunal el año pasado.
Salvo Brarda y Guibes, las demás víctimas eran militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario del Pueblo-Ejército Revolucionario del Pueblo). Diecisiete continúan desaparecidos, cuatro fueron restituidos y seis fueron asesinados. Además, la hija de la pareja Cecilia Barral -que estaba embarazada de nueve meses al momento del secuestro- y Ricardo Klotzman fue apropiada y su identidad fue restituida recién en 2011.
Para la filial local de Abuelas de Plaza de Mayo es un juicio especialmente importante por este caso y además porque había otras tres mujeres embarazadas secuestradas en la Quinta: Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Las tres fueron llevadas con vida desde sus domicilios, sin embargo durante el transcurso del juicio no se obtuvieron más precisiones sobre el nacimiento o no de sus hijos o hijas.
La querella de Abuelas, en la etapa de alegatos, solicitó la pena de 15 años de prisión en cárcel común para el ex capitán Jorge Alberto Fariña por los delitos de “sustracción” y “supresión de identidad”, que nunca habían sido juzgados en una causa de lesa humanidad de Rosario.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) e HIJOS solicitaron condenas de prisión perpetua y su cumplimiento en cárcel común.
En los alegatos se habló de la figura del genocidio, a partir de la pruebas y testimonios aportados en el juicios.
Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, la nieta recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
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Fuente: elciudadanoweb.com
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