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El terrorismo constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales. Supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto al Estado de derecho.
El terrorismo es un delito que debe ser perseguido a través de sistemas de justicia penal y con todas las garantías de un proceso justo, en el marco del Estado de derecho. La lucha contra el terrorismo y el respeto escrupuloso de los derechos humanos son dos objetivos que se refuerzan y se complementan mutuamente.
El debilitamiento del núcleo central de Al Qaeda tras la desaparición de Osama Bin Laden y la pérdida del territorio que controlaba Daesh en Irak y Siria no puede en modo alguno llevar a la conclusión de que el terrorismo está cediendo terreno.
Se asiste a una proliferación de grupos y franquicias del yihadismo internacional que, en grado diverso, y más o menos dirigidos, coordinados o inspirados por la organización o el espíritu de Al Qaeda y Daesh, continúan proyectando su barbarie asesina en amplias zonas del mundo. La amenaza es universal e incluye, además del yihadismo internacional, el terrorismo anarquista internacional, el que podría denominarse (según la terminología de EUROPOL) terrorismo etno-nacionalista o separatista, las acciones de los llamados “lobos solitarios”, etc.
Los grupos terroristas van modificando sus métodos de organización y funcionamiento, intentando aprovechar las debilidades de los Estados y recurriendo a las tecnologías de la información modernas (internet, redes sociales, mensajería encriptada) para aumentar el impacto de sus atentados. Estos grupos se aprovechan igualmente de la existencia de zonas en algunos países que escapan al control de las autoridades públicas. Los terroristas utilizan esos “refugios seguros” para organizarse, entrenarse y preparar ataques, tanto en el Estado en el que se hallan como en otras partes del mundo.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se lleva a cabo un análisis continuado del fenómeno del terrorismo internacional, la propuesta y definición de distintas actuaciones para hacer frente a esta amenaza, y la participación activa en los principales foros internacionales donde se aborda esta problemática (coordinando la representación institucional del Estado con el resto de Ministerios y organismos públicos). Criminalidad organizada transnacional Existen crecientes vínculos entre grupos terroristas y grupos criminales transnacionales, como puso de manifiesto el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, en su informe “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos” de 2004. Por su parte, el Instituto Español de Estudios Estratégicos publicó en 2016 un estudio que también describía esa relación, con título “Criminalidad y terrorismo, elementos de confluencia estratégica”.
Estos vínculos han llevado a que la lucha contra el terrorismo vaya también ligada a la lucha contra los tráficos ilegales, (de personas, estupefacientes, armas, objetos de arte, materias primas, etc.) a través de los que obtienen financiación los terroristas.
España ha tejido una profusa red de acuerdos bilaterales a nivel mundial en diferentes áreas relacionadas con la delincuencia organizada. Así, España mantiene acuerdos con: Albania, Argelia, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, República Popular China, Chipre, Croacia, República Eslovaca, Estados Unidos, Francia, Israel, Jordania, Letonia, Lituania, Mali, Mauritania, Marruecos, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, Rusia, Senegal, Serbia, Túnez, Turquía y Ucrania.