Se cumplen 25 años de las condenas por el Juicio a las Juntas Militares El Juicio a las Juntas, el primer proceso masivo contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Nüremberg en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, se inicio en abril de 1985 por orden del presidente Raúl Alfonsín, quien por presiones militares luego promovería las leyes de obediencia debida y punto final. El 9 de diciembre de 1985, hace 25 años, la Justicia condenó a cinco integrantes de las Juntas Militares que comandaron la más sangrienta dictadura que vivió la Argentina.
Sin embargo, esas sentencias sólo se cumplieron por cinco años porque en diciembre de 1990 el entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos a los jerarcas. A pesar de ello, algunos de los dictadores, como Jorge Rafael Videla son hoy juzgados por aquellos crímenes de lesa humanidad y la apropiación de menores tras las anulaciones de todas las leyes de perdón. El Juicio a las Juntas, el primer proceso masivo contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Nüremberg en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, se inicio en abril de 1985 por orden del presidente Raúl Alfonsín, quien por presiones militares luego promovería las leyes de obediencia debida y punto final.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, Alfonsín ordenó enjuiciar a las tres Juntas Militares que gobernaron el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Ese mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y dar así fundamentos al Juicio a las Juntas. Tras nueve meses de trabajo, la comisión elaboró el informe "Nunca Más", donde se registraron cerca de 9 mil casos de violaciones de derechos humanos. En abril de 1985 los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, comenzaron a escuchar los más siniestros testimonios de las víctimas que sobrevivieron a la represión.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la que declararon 833 personas, que relataron las atrocidades que padecieron ellas y otros en los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en la Argentina como una emulación de los campos de concentración nazis. Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, Strassera realizó el alegato que consideró que la responsabilidad por cada delito debía ser compartida por los miembros de cada Junta a la que se le había probado participación.
El tribunal no aceptó este criterio al sostener que las responsabilidades debían ser asignadas por cada Fuerza Armada. Finalmente, el 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años y a Orlando Ramón Agosti a 4. Los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo fueron absueltos, algo que a sobrevivientes y familiares de víctimas causó indignación. El 29 de diciembre de 1990, Menem indultó los ex miembros de las Juntas Militares condenados en 1985. Sin embargo, tras la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de derogar las leyes de obediencia debida y punto final, el 26 septiembre de 2006 el juez federal Norberto Oyarbide declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto para procesar a Videla en el caso del secuestro de los empresarios Gutheim.
Pocos días después, el 19 de septiembre de 2006, la Cámara de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del indulto al general Santiago Riveros, criterio confirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2007. Hoy, a 25 años de la sentencia a cinco miembros de las Juntas, hay 783 procesados en todo el país por haber cometido crímenes de lesa humanidad, según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General de la Nación. Hasta el momento se juzgaron a 145 personas, de las cuales 131 fueron condenadas y 14 resultaron absueltas.
(UnoEntreRios)
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