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El juez federal Omar Digerónimo (en la foto) declaró ayer la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, con lo que allanó así el camino para la reapertura, "con efecto penal pleno", de las causas en las que se investiga la desaparición forzada de personas en el ámbito del II Cuerpo de Ejército en el período 1976-1983.
Si bien el magistrado aún no ordenó ninguna medida procesal específica relacionada con esas investigaciones, en los próximos días comenzará a tomar declaración a decenas de testigos que aparecen en esos expedientes y a partir de lo que digan estas personas evaluará incluso la posibilidad de indagar a militares involucrados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en esta región. El magistrado también podría ordenar detenciones. La resolución de Digerónimo responde a un pedido formulado por los querellantes Alicia Verónica Gutiérrez (diputada nacional del ARI), Eduardo Leandro Tonioli (militante de Hijos) y María Cecilia Nazábal de Dussex, familiares directos de los militantes montoneros Eduardo José Tonioli y Fernando Dussex, quienes permanecen desaparecidos desde 1977 según consta en la causa abierta por la denominada Quinta de Funes. La semana pasada el fiscal federal Francisco Sosa se pronunció a favor de la declaración de nulidad de las leyes de amnistía que impidieron el juzgamiento de los militares represores, tal como pedían los querellantes, y ahora el juez lo hizo en idéntico sentido. La decisión de Digerónimo implica que a partir de ahora se pone en marcha la instrucción judicial de todas las causas abiertas en los Tribunales Federales de Rosario por violaciones a los derechos humanos. Esos procesos permanecieron paralizados durante años como consecuencia de la vigencia del punto final y la obediencia debida, que fueron anuladas recientemente por el Congreso nacional. El magistrado ya se encuentra estudiando cuáles serán los primeros pasos en esta nueva etapa. Entre las medidas que ya se evalúan están incluidas la citación a militares retirados como los generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Juan Carlos Ricardo Trimarco, ex jefes del II Cuerpo de Ejército, quienes podrían ser acusados por la desaparición forzada de personas en centros clandestinos que funcionaron bajo su mando operativo y hasta podrían ser detenidos. Las indagatorias podrían alcanzar también a otros represores, militares y civiles, que actuaron en ese ámbito y operaron en los centros clandestinos de detención conocidos como la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Calamita, La Intermedia y otros que funcionaron en jurisdicción del II Cuerpo. "Lo más probable es que el juez comience a citar a los testigos y que luego evalúe si corresponde o no indagar a algún militar o civil presuntamente involucrado en los delitos que se investigarán a partir de ahora", dijeron las fuentes. Los mismos voceros explicaron que si bien la resolución de Digerónimo responde puntualmente al pedido de Gutiérrez, Tonioli y Nazábal, la declaración de invalidez e inconstitucionalidad de las leyes del perdón implicará en la práctica la reapertura de todas las causas que existen en Rosario donde se investiga la desaparición forzada de personas, que son varias. "Será una tarea ciclópea, que seguramente llevará mucho tiempo", dijeron. Las fuentes cercanas al magistrado actuante también precisaron que la metodología que se aplicará para avanzar en la denominada Causa Feced será la de tomar cada episodio represivo hasta agotar la investigación, realizando las correspondientes declaraciones testimoniales, indagatorias y eventualmente disponiendo, si hubiera lugar, las detenciones que ameriten las pruebas relevadas en cada causa. Muchas de estas distintas causas que están englobadas en la causa madre (la caratulada con el apellido del fallecido ex jefe de la Unidad Regional II de Policía, el comandante de Gendarmería Agustín Feced, uno de los casos emblemáticos de la represión en Rosario) fueron abiertas en el marco de los denominados Juicios por la Verdad Histórica. Entre estos casos que se ventilaron en los Tribunales Federales de la calle Oroño pueden mencionarse, entre otros, los casos Gorosito (cuya presentación pidiendo efecto penal pleno se hará hoy), Pastorini y Fernández. El fallo de Digerónimo fue recibido con beneplácito por los organismos defensores de los derechos humanos (ver aparte) y por los abogados de la querella en la causa, que integran el Equipo Jurídico de Derechos Humanos. En ese sentido, consultados por La Capital, varios de los letrados intervinientes destacaron el hecho de que la decisión del magistrado rosarino constituye "el primer fallo dictado en Rosario que reinstaura un proceso penal pleno, para dirimir responsabilidades y castigar a los responsables del terrorismo de Estado procesista en el marco del Segundo Cuerpo de Ejército". Finalmente, los abogados destacaron que en los considerandos de su fallo, Digerónimo "adopta la misma línea argumental que esgrimieron todos los jueces federales que ya se expidieron en torno a las leyes de impunidad, que no es otro que el respeto al principio, hoy universalmente adoptado en diversos tratados jurídicos internacionales (a los que Argentina adhirió y que también tienen rango constitucional a partir de 1994), que considera a los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles y no amnistiables". Fuente:www.lacapital.com.ar
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