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PRESIDENCIA de MARÍA ESTELA MARTÍNEZ de PERÓN. Ascenso de la derecha al poder, radicalización de la violencia y Golpe de Estado.
Tras la muerte de Perón, la vicepresidente María Estela Martínez de Perón asumió la primer magistratura argentina. El debate ideológico que se había dado dentro del peronismo tras el regreso de Perón al poder, se había resuelto a favor del sector de “derecha” del movimiento, agravando la crisis política. Este grupo, liderado por el entonces Ministro de Bienestar Social y secretario de Perón, José Lopez Rega, acompañado por los sectores más conservadores y tradicionales del peronismo, avanzaron sobre las principales áreas del Estado. ¿Qué sucedió entonces?….
El Estado avanzó, en este período, organizando una política represiva ilegal a través de un grupo parapolicial conocido como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Figuras del campo de la cultura asociadas a ideales de izquierda fueron perseguidas y amenazadas, integrando listas negras, al tiempo que dirigentes políticos y gremiales del peronismo combativo y revolucionario eran asesinados. Los pocos funcionarios de esta tendencia que aún formaban las filas del gobierno, fueron expulsados.
La Triple A dio un enorme salto en su acción terrorista multiplicando los asesinatos, ahora con comunicados que asumían su autoría, y en noviembre de 1974, se instrumentaba el Estado de sitio para todo el país.
En la cartera educativa, el entonces ministro Jorge Taiana fue reemplazado por Oscar Ivanisevich, un peronista afín al nacionalismo católico. En la Universidad, su rector, Rodolfo Puiggrós fue obligado a renunciar, siendo reemplazado oportunamente por Ernesto Villanueva, Vicente Solano Lima y Raúl Laguzzi, quienes a pesar del apoyo de las organizaciones juveniles, no pudieron detener el avance de los sectores más conservadores. Finalmente, se designó como interventor en la UBA (Universidad de Buenos Aires) Alberto Ottagalano, quien se propuso “restaurar el orden y la ortodoxia doctrinaria”. Sergio Nicanoff y Fernando Pita señalan oportunamente que:
“… la brutal derechización del gobierno se enmarcaba en un intento de rediseñar las alianzas del partido gobernante acercándose a las Fuerzas Armadas y a los grupos más concentrados del poder económico. A los militares se les ofrecía un mayor protagonismo en la represión, mientras los grupos parapoliciales realizaban clandestinamente las tareas de exterminio. Se partía del supuesto de que desaparecería cualquier posibilidad de golpe de Estado si la nueva administración asumía como propias todas las exigencias que reclamaban las cúpulas castrenses. Al gran capital se le brindaba todo el apoyo coercitivo del Estado para garantizarle la recuperación plena de su autoridad en el seno de las fábricas y un plan económico que tuviera directamente en cuenta sus necesidades.”
PAPEL DE LA IZQUIERDA PERONISTA
Tras la muerte de Perón, las organizaciones de la Tendencia rompieron con el gobierno, anunciando que, por decisión propia, pasaban a la clandestinidad (6/10/1974)
Los “cuadros” abandonaban entonces la “superficie” para no exponerse ante los ataques de la Triple A. Hasta ese momento las agrupaciones de la Juventud Peronista (JP) que apoyaban a los Montoneros y que actuaban en los barrios, en las fábricas y en las universidades, les permitían a las tendencias revolucionarias a llevar a delante una “política de masas” tendiente a lograr el apoyo de las mayorías. Estos militantes, no podían de un día para el otro hacerse clandestinos, motivo por el cual quedaron muy expuestos ante la represión ilegal de la Triple A.
Montoneros encaró entonces decididamente la lucha armada. Entre sus acciones más conocidas podemos citar los asesinatos de Arturo Mor Roig (dirigente radical, ministro de Lanusse) y del dueño del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd; el secuestro de los empresarios Juan y Jorge Born (dueños de Bunge Y Born, la mayor empresa privada del país), por cuyo rescate Montoneros obtuvo 60 millones de dólares; y también la voladura del yate del Comisario General Villar, uno de los jefes de la Triple A, en el que murió junto a su esposa.
Montoneros, que había nacido como una organización político militar, se transformó en una estructura militarizada que no estaba en condiciones de hacer política. Para la organización, la liberación nacional ahora sólo podría lograrse por medio de una “guerra popular prolongada”. En octubre de 1975, intentaron copar un cuartel del Ejército en Formosa. El “parte de guerra” decía:
“El día 5 de octubre nuestra organización llevó a cabo la acción militar más importante realizada en nuestra patria para lograr la definitiva liberación nacional y social. La misma consistió en la ocupación militar de Formosa, con centro en el Regimiento 29 de infantería de Monte, a los efectos de recuperar armamento y mejorar el pertrechamiento del ejército popular. Con esta acción, nuestra organización comienza a desarrollar un ejército regular que, nutriéndose del pueblo, se irá desarrollando progresivamente como una de las fuerzas decisivas que permitirán la toma del poder del pueblo en la patria”.
PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuando Cámpora era presidente, intentó cambiar la orientación ideológica de las FF-AA, especialmente la adopción de la Doctrina de la Seguridad Nacional. A tal efecto, designó al general Jorge Carcagno como comandante en jefe del Ejército, con el objetivo manifiesto de orientar a los militares en función de las necesidades del gobierno popular.
Oscar Bidegain, gobernador de la Provincia de Buenos Aires junto a Dante Gullo, Ángel Robledo, y el Tte Gnal Carcagno en la inauguración del Operativo Dorrego
El tradicional alineamiento con los EE-UU era ahora reemplazado con una nueva posición tercermundista y antiimperialista que impulsaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta sintonía, se llevó adelante el Operativo Dorrego, un inédito inento de acercamiento entre el Ejército y Montoneros en el que Carcagno se reunió con los jefes montoneros Firmenich y Galimberti para organizar un operativo de ayuda a las poblaciones de la Provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones. Dicho operativo contó con la participación de 5.000 efectivos militares y 800 militantes de la JP.
Acusado por sus pares de ser representante de un peligroso nacionalismo izquierdizante, Carcagno fue reemplazado por Perón, quien nombró en su lugar al general Leandro Enrique Anaya. Ya siendo Isabel presidente, las presiones militares fueron en aumento. En un primer momento fue nombrado el general Numa Laplane al frente del Ejército, para, finalmente, designar el 27 de agosto de 1975 al general Jorge Rafael Videla como nuevo comandante en jefe.
LA CAÍDA DE GELBARD
Los frágiles acuerdos que había alcanzado Perón, entre trabajadores, empresarios y partidos políticos se deterioraron rápidamente tras la muerte del líder peronista. El Pacto Social llevado adelante por el Ministro de Economía José Bel Gelbard, se sostenía sobre la base de una tregua de aumentos de precios y salarios por dos años (de ahí los acuerdos entre la CGE y la CGT) y se había tornado insostenible. Gelbard renunció en octubre de 1974 y fue reemplazado por José Alfredo Gómez Morales, quien intentó un “plan de austeridad” que posteriormente no pudo sostener. Creció la inflación entre aumentos salariales, controles de precios y de flexibilización
Las luchas por el poder dentro del movimiento obrero y el activismo militante de las organizaciones guerrilleras amenazaban a los sectores capitalistas más concentrados, en el contexto de un gobierno debilitado y desgastado.
Celestino Rodrigo
En junio de 1975 Gómez Morales fue reemplazado por Celestino Rodrigo en la cartera de Economía. El nuevo ministro intentó aplicar una política de shock de orientación liberal. Con el tiempo, este intento sería conocido con el nombre de Rodrigazo. Consistió en un aumento del 175% en los combustibles, del 75% en las tarifas eléctricas y una devaluación del peso respecto al dólar del 100%. Las medidas favorecieron al sector exportador agropecuario pero repercutieron negativamente sobre el mercado interno y el poder adquisitivo de los salarios. Se dispuso además que cada sindicato acordara con los empresarios los aumentos salariales. Los gremios más poderosos lograron aumentos que superaban el 100%.
La inflación se desató y los aumentos salariales se licuaron rápidamente. Las protestas comenzaron. El 27 de junio los trabajadores se congregaron en la Plaza de Mayo, para unos días después declarar una huelga general de 48 horas. Como resultado de la presión ejercida, los aumentos salariales fueron homologados por el gobierno y tanto Rodrigo como López Rega fueron forzados a renunciar a sus cargos.
El triunfo sindical agudizó la crisis política. El nuevo ministro de Economía, Antonio Cafiero intentó sin éxito restablecer una tregua entre obreros y empresarios. El gobierno de Isabel no era capaz de controlar la conflictividad social y resultaba poco confiable para los intereses de los inversores y de los empresarios.
VIOLENCIA, REPRESIÓN Y GOLPE DE ESTADO
La violencia política fue en aumento, con el accionar de los grupos parapoliciales, los secuestros de empresarios y los atentados de las organizaciones guerrilleras peronistas (Montoneros y FAP) y de izquierda no peronista (ERP). Para una gran parte de la sociedad, la violencia cotidiana constituía una guerra entre grupos armados en la que no se sentían representados.
En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, la presidente intentó profundizar la política económica y la acción represiva. para ello sustituyó a Cafiero en Economía por Emilio Mondelli, quién profundizó las medidas adoptadas aumentando las tarifas públicas, devaluando nuevamente el peso y asignando un leve aumento salarial. En cuanto al recupero del orden perdido, el gobierno otorgó a las Fuerzas Armadas un papel cada véz más importante en la “lucha antisubversiva”.
La noche del 23 de diciembre de 1975, el ERP atacó el Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno. El intento fracasó. Al día siguiente, el general Videla pronunció el siguiente discurso:
“Tenga presente el Ejército y comprendalo bien la nación: la delincuencia subversiva actúa favorecida por el amparo que le brinda una pasividad cómplice (…) miramos consternados a nuestro alrededor y observamos con pena las incongruentes dificultades en las que se debate el país, sin avizorarse soluciones. Frente a esta tiniebla, la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que también se gana”.
La ruptura de la alianza social peronista, la pérdida de identidad política y el descrédito del gobierno favorecieron la formación de un frente golpista. La casi totalidad de los sectores capitalistas y de las FF-AA consideraron necesario asumir el control de la situación. El 16 de febrero de 1976 sectores empresariales realizaron un lock-out (paro) patronal. La pasividad de la CGT, la incapacidad de los partidos políticos para defender el sistema democrático y la opinión pública preparada por los medios de comunicación que anunciaban la inminencia de un golpe, fueron el marco propicio para la interrupción constitucional, que sucedió el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidente y establecieron una férrea dictadura militar. Se iniciaba así, la noche más larga de la Historia Argentina contemporánea.