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Fue uno de los casos policiales que más conmovió al país. El domingo 21 de febrero del año 1993 aparecieron las primeras noticias de que los vinos adulterados del famoso “Caso Torraga” habían empezado a hacer estragos en las vidas de muchas personas. Nadie imaginaba lo que vendría después. Por Michel Zeghaib.
El vino había salido de la Bodega Nieto de Mario Torraga ubicada en Caucete hacia Bs As, con certificado de aprobación del Instituto Nacional de la Vivienda delegación San Juan. La adulteración del vino con alcohol metílico había ocurrido en la provincia de Bs As, y fue el causante químico de la muerte de seis personas, al principio, elevándose, al poco tiempo, el número de víctimas cerca de treinta.
Inmediatamente comenzaron a realizarse una serie de investigaciones realizadas por 12 inspectores, para analizar el vino y revisar los libros contables del establecimiento vitivinícola. Había que confirmar el grado de responsabilidad de los propietarios de la bodega que habían sacado a la calle vinos de las marcas “Soy Cuyano” y “Mansero”.
En la investigación, lo primero fue analizar toda la producción. Luego, abordaron el estudio de los asientos del tránsito y documentación en general. Los inspectores del INV, luego de estos primeros momentos, álgidos, por cierto, se dedicaron a ubicar los registros de los controles periódicos que frecuentemente llevaba a cabo la entidad rectora de la actividad vitivinícola en nuestra país, y a juntar elementos que puedan aclarar la situación generada a partir de las muertes registradas en los partidos de Quilmes y Ensenada.
Sin dudas, el conocido “Caso Torraga” fue una de los casos policiales, que tuvo a San Juan como protagonista, con una fuerte repercusión en todo el país. Como se dijo más arriba, primero fueron seis personas las que murieron, entre ellas una mujer embarazada. Pero no fueron las únicas. Durante todo el mes de febrero, el número de muertes fueron aumentando hasta llegar cerca de treinta.
Este escándalo, puso en jaque al mismo Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por la connivencia y presunta participación (por los certificados de aprobación que había expedido) con los enólogos y propietarios de la bodega. Torraga, uno de los propietarios estuvo prófugo un tiempo, pero, finalmente, quedaron detenidos él y sus socios.
Tres años después (1996) el caso volvió a tomar resonancia. Pero, esta vez, tenían que ver con el juicio que se les hizo a los sospechosos. El costo de ese juicio llegaba a la suma de 175 mil pesos (pago de traslado, estadía, comida y viáticos de testigos venidos de otras provincias), lo que lo convirtió en uno de los juicios más caros que ha habido en San Juan.
La sala de tribunal, la ex BANADE, fue el lugar acondicionado. El juicio fue oral, y, por él, desfilaron 231 testigos. El 12 de junio de ese 1996, el Tribunal Federal condonó a Mario Torraga a 15 años de prisión, al enólogo Armando Ribes a 10 años; y Guillermo Torraga, Horacio Barbero y Pedro Tobares a 6 años y medio.
Ya pasados los años, en el 2004, Mario Torraga sale de prisión. Todavía no cumplía la totalidad de su condena. En un programa nacional de televisión, se encontró con la hija de uno de los muertos por los vinos adulterados. EL INV, CONDENADO En el año 2010, 17 años después, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) informaba que iba a acudir a la Corte Suprema de Justicia a raíz del fallo de la Cámara Federal de La Plata que ratificaba una condena civil contra el INV y la bodega sanjuanina Nietos de Gonzalo Torraga S.A. por las casi treinta muertes. Pero la Sala Segunda de la Cámara de La Plata siguió adelante con la condena estableciendo, por ejemplo, 300 mil pesos más intereses de 17 años a favor de los herederos de Atilio Bengolea, una de las víctimas mortales. La Cámara, con las firmas de los jueces Gregorio Fleicher, Leopoldo Schiffrin y Carlos Comapired, daba por acreditado –sobre la base de los juicios penales oportunamente realizados– la responsabilidad de la bodega y del INV. El fallo sostenía que “la sola circunstancia de que se habilite la circulación del vino a través del sistema de declaraciones juradas no implica eximir la función de control y fiscalización que compete al INV. Esa tarea –continuaba– está impuesta por la ley para asegurar la correspondencia con el análisis de origen ‘en todo momento’, para lo cual cuenta con amplias atribuciones de contralor, como ser la de requerir información y extraer muestras de los productos vitivinícolas en los lugares de producción en tránsito o en el comercio”, subrayaba el fallo. “Resulta probado que el INV no adoptó las medidas de atención, vigilancia y prevención que la naturaleza de sus funciones le exigen”, añadía. La víctima mortal tenía 57 años al momento del episodio, trabajaba como tractorista en la provincia de Buenos Aires, estaba casado con Delfina Guemil, quien murió mientras se sustanciaba el juicio civil, y era padre de una familia numerosa de todos menores de 21 años en ese momento.
SIN ESCRÚPULOS Si bien los casos se registraron en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones entre febrero y marzo de 1993 –con un saldo de 27 muertos (27 en esos días y dos más en meses posteriores) y un centenar de damnificados (ceguera y daños neurológicos severos)–, la “bomba” había sido puesta mucho antes, en la ciudad de Caucete, San Juan. Fue cuando a fines de 1992 Arnaldo Mario Torraga, el dueño de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A., agregó alcohol metílico en los vinos que comercializaba en damajuanas bajo las marcas Mansero y Soy Cuyano. La intención era que al “estirar” el producto con agua, mantuviera la graduación alcohólica mínima autorizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Esto se comprobó tres años después, en marzo de 1996, durante el juicio oral en la ciudad de San Juan. Cuando se comenzó a advertir la magnitud del problema, la bodega fue clausurada por medio de un decreto del entonces presidente Carlos Menem y fue intervenido el INV, que era el organismo responsable de controlar la producción y distribución de vino en todo el país.
ALGUNAS DE LAS VÍCTIMAS Los intoxicados que se salvaron contaron que le sintieron “un olor demasiado fuerte” y un color “más oscuro que el habitual” para los vinos blanco. Algunos los devolvieron a las despensas y, otros, los tomaron. Cada damajuana costaba 3,50 pesos, por lo que se ubicaban entre los más baratos del mercado. No extrañó entonces que la mayoría de las víctimas fueran personas de muy bajos recursos. “Estábamos tomando unos tragos con unos amigos. Bah, un litro y medio me tomé, y me agarró un dolor muy fuerte en el hígado. Mis amigos ya murieron”, le contaba a Página 12 un hombre de 50 años que estaba internado en el hospital porteño de Vicente López, el martes 23 de febrero del 93. Petrona Fontana, una mujer de Lanús que tenía 52, también, a Clarín que el negocio donde iba a comprar estaba cerrado el domingo, por lo que fue a otro en el que le vendieron vino suelto. “Delante mío abrieron la damajuana y me llevé un litro para tomar con mi marido”, publicó el diario el 26 de febrero. A las horas, si la hija no los llevaba al hospital, se morían.
¿UN COMPLOT? El caso puso en jaque a la industria vitivinícola de las provincias cuyanas. Los gobernadores de San Juan, La Rioja y Mendoza se reunieron varias veces para analizar las posibles consecuencias y los bodegueros denunciaron sustanciales bajas en la venta de vino, especialmente de los vendidos en damajuanas. Un dato interesante es que Torraga, luego de estar prófugo de la Justicia un par de semanas, apareció y denunció que todo era un complot del INV para perjudicar a San Juan en beneficio de las bodegas mendocinas.Gran parte de la opinión pública sanjuanina lo apoyó. La estrategia desbarrancó cuando antes del juicio se conoció que el propio Torraga tenía una condena previa de cuatro años de prisión por falsificar cupos de vinificación dictada en 1990. Durante el juicio se conocieron detalles impactantes: que tanto el dueño de la bodega, como su hijo, el gerente, el enólogo y el capataz conocían de la adulteración; que Torraga compraba el metanol en Buenos Aires, a un amigo suyo que tenía una droguería; y, lo más grave, que con el alcohol metílico encontrado en los envases se podría haber matado a 10 mil personas.
LITRO A LITRO Dónde. Las intoxicaciones se produjeron en febrero de 1993 en Buenos Aires, Córdoba (ciudades del sur), Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. En Córdoba, no hubo víctimas fatales. Marcas. Los nombres de los vinos adulterados eran Soy Cuyano y Mansero. Desde ese momento, sinónimos de bebidas de mala calidad. Los producía la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, en Caucete (San Juan). Vino blanco. El vino adulterado era “blanco de mesa”, la variedad más consumida entonces en el país. Ahora, gana el tinto. Precio. Las damajuanas se vendían a $ 3,50, cuando el promedio era de $ 5. Por esto, afectó principalmente a gente de bajos recursos. Producto. Los adulteraron con alcohol metílico (también llamado metanol o “de quemar”). Lo agregaban para subirle la graduación al vino, previamente “estirado” con agua. Encontraron hasta 200 veces más de metanol que el permitido. Síntomas y daño. El primer síntoma de la intoxicación con alcohol de quemar es la ceguera (muchos de los que murieron, antes, quedaron ciegos), porque el producto lo primero que ataca es el nervio óptico. También provoca daños neurológicos irreparables.
LAS CONDENAS La Justicia Federal sanjuanina condenó a Arnaldo Mario Torraga a 15 años de prisión; y al enólogo Armando Ribes, a 10, al ser considerados responsables de los delitos de “adulteración de vinos” y “adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de 10 ó más casos”. Por su parte, Guillermo Sergio Torraga (hijo del bodeguero) y el gerente del establecimiento, Horario Barbero, fueron condenados a seis años, como partícipes secundarios. También fue condenado a dos años el capataz de la bodega, Pedro Tobares, y tres empleados del INV. Por su parte, Carlos Alberto Blanco, señalado durante el debate como el distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos, logró eludir a la Justicia durante varios años, pero finalmente fue detenido en la Capital Federal, en 2002. En 1998, Torraga y su hijo fueron favorecidos por la ley del “dos por uno” y consiguieron permisos para salir en libertad. La última novedad del caso “Torraga” es que en 2010 la Cámara Federal de La Plata confirmó un fallo de primera instancia y condenó al INV y a la bodega (ya quebrada) a pagar medio millón de pesos a los familiares de una de las víctimas. Hay otras 24 demandas más en el mismo sentido.