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El 2 de diciembre de 1986, el general que tuvo a su cargo varios Centros Clandestinos de Detención, fue condenado a 25 años de prisión por 214 secuestros extorsivos, entre otros crímenes.
El 19 de enero de 1984, a través de un decreto, el gobierno de Raúl Alfonsín ordenó la detención del general Camps. Tras es el Juicio donde se lo investigaba por crímenes de lesa humanidad, el 2 de diciembre de 1986, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal de Buenos Aires condenó al general Ramón Camps a 25 años de prisión con degradación e inhabilitación absoluta y perpetua tras hallarlo culpable de 214 secuestros extorsivos (47 de esas víctimas siguen desaparecidas), 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones, 2 abortos provocados por torturas, 18 robos y 10 sustracciones de menores. Cuatro años más tarde, los indultos de Menem le devolviieron la libertad.
El entonces presidente de la nación, Carlos Menem, firmó entre 1989 y 1990, varios decretos para beneficiar a ex miembros de la dictadura militar. La excusa para tal ominoso acto fue la de alcanzar "la pacificación nacional".
El 29 de diciembre de 1990 Menem firmó los últimos decretos a través de los cuales indultaba a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini (quienes habían sido condenados el 9 de diciembre de 1985) y del mismo modo indultaba a general Ramón Camps.
Durante la dictadura militar
Ramón Camps, del arma de Caballería, que ostentó en aquellos años la jefatura de la policía de la provincia, tuvo a su cargo 29 Centros Clandestinos de Detención (CCD) ubicados en la provincia de Buenos Aires, hoy conocidos como el circuito Camps. En la zona 1, en la Provincia de Buenos Aires, funcionó el circuito Camps, una red de CCD ubicados en dependencias policiales, que comenzó a funcionar a partir del golpe militar que coordinaba el Comando de Operaciones Tácticas de la Brigada de Investigaciones de La Plata, dirigida por la mano derecha de Camps, Miguel Etchcolatz (condenado por crímenes de lesa humanidad al que por la lucha de organismos de derechos humanos se le negó la prisión domiciliaria).
En el Circuito Camps estuvieron detenidos, la mayoría de ellos desaparecidos, los jóvenes estudiantes secundarios secuestrados en la Ciudad de La Plata, en su mayoría menores entre 14 y 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La policía bonaerense, a cargo de Camps, fue la responsable del operativo, llevado adelante el 16 de septiembre. Día que se lo recuerda como “la noche de los lápices”.
Sobre lo que se conoce de Camps, se destaca su antisemitismo. La crueldad y el ensañamiento con la comunidad judía salieron a la luz durante las denuncias que recogió la CONADEP. Entre los casos de los que fue responsable se encuentran el Caso Timerman de quien Camps se ocupó en forma personal de torturarlo.
Acusaba, al dueño del diario La Opinión, de envenenar la cabeza de los jóvenes con propaganda marxista a través de su diario. En 1977, Camps secuestró a la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, que la dictadura militar a la familia. Camps acusaba a Timerman y los Graiver de construir un poder judío y llegó a diseñar un juicio en masa contra ellos con el fin de condenarlos por sionistas. Jacobo Timerman, director del diario La Opinión fue liberado pocos meses después, debido a la presión internacional, y expulsado del país.
Aún sigue conmocionando a todos los luchadores de derechos humanos, junto a amplios sectores de la sociedad que reclaman juicio y castigo a los culpables, otra de las atrocidades cometidas por Camps: el bombardeo a la casa de Chicha Mariani, donde masacraron a todos los integrantes y se robaron a Clara Anahí, la nieta de Chicha por la que tantos luchan por recuperar.
Camps nunca ocultó su admiración, tanto en público como en privado, por Adolfo Hitler. Tampoco negó que durante la dictadura se hubieran apropiados de niños, y justificó esta decisión: “Era necesario impedir que esos niños fueran criados en las ideas de subversión de sus padres. Las llamadas madres de desaparecidos son todas subversivas. Lo son todos los que no se preocupan de hacer de sus hijos buenos argentinos”.
Confesiones y desmentidas
En 1983 ante la revista La Semana, volvió a legitimar otro tramo del plan sistemático llevado adelante por la dictadura cívico-militar. Camps sostuvo, ante esta revista, que: “Nadie murió, si es que murió, por ser español, sino por ser subversivo”, y agregó, “Asumo mi responsabilidad y la de los 30.000 hombres que conduje en la lucha. Y no temo sentarme en un banquillo de acusados.
Estoy orgulloso de lo que hice”. A finales de 1983, la revista Tiempo entrevistó a Camps, en tal ocasión el general defendió la tortura como el camino más corto para conseguir datos. Pero su jactancioso orgullo por haber torturado y asesinado a jóvenes, mujeres embarazadas y hombres indefensos, se desplomó ante un tribunal.
En enero de 1984 el juez federal de La Plata Héctor de la Serna lo interrogó y ahí negó todo lo que dijo al semanario. Desmintió lo publicado por la revista, y afirmó no solo que no dirigió grupos de tareas alguno, sino que además no hubo desaparecidos así como tampoco campos de concentración bajo su mando.
Bajo el gobierno constitucional, Camps se dedicó a escribir. Colaboró con la revista ultraderechista Cabildo y fue columnista del diario La Prensa, cuyas páginas fueron una tribuna para los represores y donde daban clase de lucha contra la “subversión”. Publicó un libro sobre el Caso Graiver y otro, según sobre su investigación sobre el “peligro sionista”, entre otros libros.
Camps murió, estando en libertad, el 22 de agosto de 1994. La lucha de los organismos de derechos humanos independientes del Estado, por verdad y justicia continúa. También continúa la exigencia para que el Estado y la Iglesia abran todos los archivos de la dictadura, para conocer la verdad y recuperar a los 400 nietos apropiados, y juzgar a todos los genocidas que aún continúan impunes.
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